Ejecutivo declara en emergencia a cinco distritos de Junín tras sismo de magnitud 5,1
El decreto, publicado este 20 de julio en El Peruano, habilita al Gobierno Regional y a los municipios afectados a ejecutar acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación en la zona golpeada por el movimiento telúrico del último fin de semana.
El Poder Ejecutivo oficializó este 20 de julio el estado de emergencia en cinco distritos del departamento de Junín afectados por el sismo de magnitud 5,1 registrado días atrás en la región. La medida, anunciada previamente por el presidente José María Balcázar, quedó publicada en una edición extraordinaria del boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y rige desde hoy. Los distritos comprendidos son Chongos Bajo y San Juan de Iscos, en la provincia de Chupaca, y Chupuro, Viques y Huacrapuquio, en la provincia de Huancayo.
Según el decreto, la declaratoria busca habilitar la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, tanto de respuesta como de rehabilitación en las zonas señaladas. Esta labor quedará a cargo del Gobierno Regional de Junín y de los gobiernos locales involucrados, con la coordinación técnica del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación de distintos ministerios. La norma también habilita mecanismos para recibir donaciones de alimentos y otros bienes, y facilita su transporte hacia las zonas de desastre, en el marco de la ley que promueve este tipo de ayuda ante emergencias.
Un dato que suele pasar desapercibido en este tipo de decretos es su financiamiento: el propio dispositivo precisa que las acciones previstas se cubrirán con el presupuesto institucional ya asignado a las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al tesoro público. Es decir, la respuesta inmediata del Estado no depende de una partida nueva, sino de la capacidad de estas instituciones para reordenar lo que ya tenían presupuestado.
La declaratoria llega dos días después de que el sismo dejara varias viviendas destruidas y familias damnificadas en la zona, un saldo que motivó el despliegue de bomberos, policías y personal del Ejército desde las primeras horas. Con el decreto ya en vigencia, la atención pasa ahora a una segunda etapa: la rehabilitación de los distritos afectados, en la que será clave observar si la coordinación entre el gobierno regional, los municipios y el Indeci logra traducirse en ayuda efectiva para las familias que aún esperan una solución a sus viviendas destruidas.
Lo ocurrido en Junín, aunque de menor escala, debería leerse como una alerta temprana y no como un hecho aislado. Basta mirar lo que pasó hace unas semanas en Venezuela, donde un doble terremoto en Caracas y La Guaira dejó miles de muertos en un país que, pese a ubicarse también en una zona sísmica conocida desde hace décadas, había dejado que su red de monitoreo se deteriorara hasta quedar reducida a menos de diez estaciones operativas, cuando antes tuvo unas 300, y cuya respuesta estatal apenas alcanzó el 12,6% de su capacidad de despliegue en las primeras 24 horas. El paralelo es incómodo pero necesario: el Perú comparte con Venezuela la condición de país sísmico, y la diferencia entre una emergencia controlada y una tragedia de esa magnitud no la define la naturaleza, sino la inversión sostenida en monitoreo, infraestructura y capacidad de respuesta antes de que ocurra el siguiente movimiento telúrico.
